El Gobierno español ha manifestado de forma rotunda su reconocimiento de los Derechos y ciudadanía de la infancia y la adolescencia, como sujetos de derecho (incluyendo los derechos de protección, de provisión de bienes y servicios, y de participación), con la ratificación por el Parlamento, en diciembre de 1990 de la Convención de los Derechos del Niño y demás Protocolos anexos a la misma.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada CDN, los Estados tienen la obligación de presentar informes periódicos de aplicación y seguimiento de la misma que son evaluados por el Comité de los Derechos del Niño.
En este contexto, una de las recomendaciones que formuló el citado Comité al Gobierno español fue “la necesidad de reunir toda la información obrante en el país, para llevar a cabo una evaluación completa de los progresos y dificultades en la aplicación de la Convención en España”
En aplicación directa de esta recomendación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha identificado claramente la necesidad de poner en marcha un sistema de información centralizado que facilite una visión global de la situación de la infancia y adolescencia en España, con la que poder definir misiones comunes en favor de este colectivo.
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se crea el Observatorio de la Infancia de España
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