Observatorio de la Infancia

Desde 1989, tras aprobarse la Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de los niños y las niñas no solo de España, sino de todo el mundo, ha mejorado considerablemente, ya que el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia ha producido numerosas modificaciones legislativas y ha incrementado, sin duda, la sensibilidad social en favor de este colectivo tan vulnerable.

Los avances en nuestro país son un hecho indiscutible, aunque, como es lógico, abierto siempre a mejoras. Podemos afirmar, que en general, las niñas y los niños españoles se encuentran bien valorados en sus familias, todavía extensas en comparación con otros países de nuestro entorno, que perciben con bastante normalidad y los cambios familiares que se han venido produciendo y que demandan mayor relación de convivencia con los padres.

También podemos afirmar según todos los indicadores, que los menores de 18 años gozan de una buena salud, en términos generales, así como también que pueden disponer de una educación formal y de una mayor protección social.

El hecho es, por tanto, que en España tenemos una infancia saludable, formada y progresivamente protegida, junto a la que coexisten importantes retos que tenemos que afrontar para que ese bienestar conseguido en términos generales no se vea amenazado por los riesgos de la nueva sociedad (hábitos alimenticios, de consumo y de ocio no adecuados, accidentes domésticos y/o de tráfico, uso inapropiado y excesivo de pantallas como televisión, videojuegos e Internet, violencia etc.)

No podemos olvidar que los niños y adolescentes son un colectivo caracterizado por una especial vulnerabilidad y que en tanto que sujetos en desarrollo necesitan de terceros que les cuiden, asistan, eduquen y representen. El niño y la niña, como ciudadanos de derecho que son, requieren una adecuada protección jurídica y administrativa, de forma que se garantice la atención de sus necesidades, el pleno desarrollo de su personalidad y su integración social. Esta función “protectora” de los poderes públicos toma forma en casos de desprotección, desamparo o maltrato infantil con el fin de prevenir y evitar situaciones de exclusión social en la infancia.

En la actualidad, se puede afirmar que asistimos en nuestro país a un cambio de modelos sobre la infancia, cambio que se fundamenta en los siguientes hechos:

• Gran avance en desarrollo legislativo dirigido a garantizar, promover y defender Derechos de la Infancia (Ley Orgánica 1/96, modificada por la Ley Orgánica 5/2015 y la Ley 26/2015, la Ley 5/2000, Reguladora de la responsabilidad Penal de los Menores y Leyes de Comunidades Autónomas.).
• Evolución científica: nuevos conocimientos sobre desarrollo evolutivo de la infancia basado en sus necesidades, consecuencias del maltrato infantil, etc.
• Mayor sensibilidad social y protagonismo de la iniciativa social; cambios políticos: cambio de concepción, incorporación del ‘Buen-trato’ referido a la atención a la infancia, potenciando las relaciones parentales positivas como un factor prioritario que propicie el cambio en esta cultura.
• Los poderes públicos han superado el antiguo marco asistencial y dirigen sus actuaciones hacia la mejora de la calidad de vida y la prevención de los riesgos que amenazan a la infancia, sin olvidar la prioridad que significa la atención a los colectivos infantiles-juveniles más vulnerables y excluidos.
• El Sistema Público de Servicios Sociales engloba el sistema de atención social a la infancia, apoyado en la cooperación y colaboración técnica entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las Comunidades Autónomas. En definitiva, la búsqueda del bienestar de la infancia se ha asumido como una responsabilidad compartida con las Administraciones Públicas, la iniciativa social y los ciudadanos en su conjunto.
• También se ha creado una cultura de participación de la sociedad en los temas relacionados con la infancia a través del movimiento asociativo, impulsando, así mismo, las condiciones para hacer efectiva la participación de los niños y niñas en la vida social, en todas sus dimensiones. La concepción del niño que incorpora la Convención, como sujeto de derechos, creativo y participativo, capaz de modificar y de influir en su entorno, está arraigándose en nuestra sociedad.

En este contexto, esta nueva concepción de corresponsabilidad en las políticas de infancia para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño implica incentivar el desarrollo de proyectos integrales que, con la intervención de todos los agentes, puedan dar respuesta a realidades sociales que implican mayor complejidad en las actuaciones.

Con la puesta en marcha del Observatorio se ha pretendido favorecer la homogeneidad en la interpretación de la información para preservar la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, como establece la Constitución.