Desde 1989, tras aprobarse la Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de los niños, niñas y adolescentes, no solo de España, sino de todo el mundo, ha mejorado considerablemente, ya que el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia ha producido numerosas modificaciones legislativas y ha incrementado, sin duda, la sensibilidad social en favor de este colectivo tan vulnerable.
Los avances en nuestro país son un hecho indiscutible, aunque, como es lógico, abierto siempre a mejoras. También podemos afirmar según todos los indicadores, que las personas menores de 18 años gozan de una buena salud, en términos generales, así como también que pueden disponer de una educación formal y de una mayor protección social.
El hecho es, por tanto, que en España tenemos una infancia y adolescencia saludables, formada y progresivamente protegida, junto a la que coexisten importantes retos que tenemos que afrontar para que ese bienestar conseguido en términos generales no se vea amenazado por los riesgos de la nueva sociedad (hábitos alimenticios, de consumo y de ocio no adecuados, accidentes domésticos y/o de tráfico, uso inapropiado y excesivo de pantallas como televisión, videojuegos, internet, redes sociales, violencia etc.)
No podemos olvidar que los niños, niñas y adolescentes son un colectivo caracterizado por una especial vulnerabilidad y que en tanto que sujetos en desarrollo necesitan de terceros que les cuiden, asistan, eduquen y representen. El niño y la niña, como ciudadanos de derecho que son, requieren una adecuada protección jurídica y administrativa, de forma que se garantice la atención de sus necesidades, el pleno desarrollo de su personalidad y su integración social. Esta función “protectora” de los poderes públicos toma forma en casos de desprotección, desamparo o maltrato infantil con el fin de prevenir y evitar situaciones de exclusión social en las etapas infantil y adolescente.
En la actualidad, se puede afirmar que asistimos en nuestro país a un cambio de modelos sobre la infancia y la adolescencia, cambio que se fundamenta en los siguientes hechos:
- Gran avance en desarrollo legislativo dirigido a garantizar, promover y defender Derechos de la Infancia:
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 8/2015, de 23 de julio, y Ley 26/2015, de 29 de julio, ambas de modificación del Sistema de protección a la infancia y la adolescencia
- Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la responsabilidad Penal de los Menores
- Además de la legislación que regula esta materia en cada territorio autonómico.
Además de la legislación que regula esta materia en cada territorio autonómico.
- Evolución científica: nuevos conocimientos sobre desarrollo evolutivo de la infancia basado en sus necesidades, consecuencias del maltrato infantil, etc.
- Mayor sensibilidad social y protagonismo de la iniciativa social; cambios políticos: cambio de concepción, incorporación del ‘Buen-trato’ referido a la atención a población infantil y adolescente potenciando las relaciones parentales positivas como un factor prioritario que propicie el cambio en esta cultura.
- Los poderes públicos han superado el antiguo marco asistencial y dirigen sus actuaciones hacia la mejora de la calidad de vida y la prevención de los riesgos que amenazan a la infancia, sin olvidar la prioridad que significa la atención a los colectivos infantiles-juveniles más vulnerables y excluidos.
- El Sistema Público de Servicios Sociales engloba el sistema de atención social a la infancia y a la adolescencia, apoyado en la cooperación y colaboración técnica entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades y Ciudades Autónomas. En definitiva, la búsqueda del bienestar de la infancia se ha asumido como una responsabilidad compartida con las Administraciones Públicas, la iniciativa social y los ciudadanos en su conjunto.
- También se ha creado una cultura de participación de la sociedad en los temas relacionados con el colectivo infanto-adolescente a través del movimiento asociativo, impulsando, así mismo, las condiciones para hacer efectiva la participación de los mismos en la vida social, en todas sus dimensiones. La concepción del niño que incorpora la Convención, como sujeto de derechos, creativo y participativo, capaz de modificar y de influir en su entorno, ya está arraigado en nuestra sociedad a través de Consejos locales, municipales y de Organizaciones de Infancia.
- Asimismo y dando cumplimiento a lo establecido en la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia frente a la violencia, por Orden Ministerial DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, se crea el CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA respondiendo así también a la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño “derecho del niño/a a ser escuchado” (2009), “se han de garantizar las condiciones básicas para que el derecho a la participación sea efectivo”.
Además, se siguen las Recomendaciones del mismo Comité en 2018, realizadas específicamente a España sobre la materia, para que se promueva el ejercicio efectivo de este derecho en «la formulación de políticas nacionales, así como en la aplicación y evaluación de planes y programas», y en «su participación significativa en procesos legislativos y administrativos, relativos a cuestiones que los afectan». Se da también cumplimiento a las nuevas Directrices de la Unión Europea (Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño (03/2021) en lo señalado en su punto 1. Participación en la vida política y democrática.
El Consejo de Participación está representado por 34 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años, que representan a todos los colectivos vulnerables (discapacidad, diversidad familiar, migrantes, centros de protección a la infancia, movimiento LGTBI+…). El acto de constitución del Consejo de Participación tuvo lugar el 9 de diciembre de 2021.
En este contexto, esta nueva concepción de corresponsabilidad en las políticas de infancia para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño implica incentivar el desarrollo de proyectos integrales que, con la intervención de todos los agentes, puedan dar respuesta a realidades sociales que implican mayor complejidad en las actuaciones.
Desde que comenzó su andadura el Observatorio de la Infancia, se ha pretendido favorecer la homogeneidad en la interpretación de la información para preservar la garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, como establece la Constitución.
